BOGOTÁ (EFE). El Gobierno de Colombia interpondrá ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una demanda de revisión o de interpretación del fallo sobre límites marítimos con Nicaragua, que otorgó al país centroamericano buena parte de las aguas que rodean el archipiélago caribeño de San Andrés.
Así lo anunció el exprocurador general e integrante del equipo de abogados del Estado, Carlos Gustavo Arrieta, quien confirmó a Caracol Radio que la salida del Pacto de Bogotá no exime a Colombia de cumplir la sentencia.
El camino a seguir, tras anunciar el Gobierno que se retiraba del Pacto de Bogotá, por el que se reconoce la jurisdicción de la CIJ, es presentar "una demanda de revisión o bien de interpretación", afirmó Arrieta.
Explicó que la interpretación, como opción más viable, consiste en solicitar a la Corte que tome en cuenta aspectos que no se plantearon durante el proceso, concluido el 19 de noviembre con una sentencia salomónica tras la demanda presentada por Nicaragua en 2001.
Lo evidente, según Arrieta, es que la retirada colombiana del Pacto de Bogotá no implica el desacato del fallo y por eso está obligada a cumplirlo.
Además, esa retirada no será efectiva hasta dentro de un año y en este periodo Colombia "podría recibir demandas". Por eso solo se puede resolver el problema con Nicaragua "de forma amigable", según el abogado, para quien "los tratados son muy claros".
SE RETIRAN
Colombia decidió retirarse del Pacto de Bogotá y así dejar de reconocer la jurisdicción de la CIJ, después de que ese tribunal delimitara una nueva frontera con Nicaragua que le resta más de 70,000 kilómetros cuadrados de mar Caribe, pero que también incluye el reconocimiento de la soberanía colombiana sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que envió una nota de denuncia del Pacto de Bogotá (1948) al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien confirmó la recepción desde Quito.
"Con esta denuncia, Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica de controversias", indicó Santos para ratificar su compromiso "de recurrir siempre a procedimientos pacíficos" en litigios con otras naciones.
Sin embargo, consideró que a Colombia no le debe "volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre", cuando se vio afectada por un resultado "manifiestamente contrario a la equidad" que además lleva "a un grado de detrimento de los intereses nacionales", según sus palabras.
COLOMBIANOS AFECTADOS
La canciller María Ángela Holguín afirmó en una rueda de prensa posterior que el fallo "hizo caso omiso" de "los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", ahora rodeado de aguas nicaragüenses, y además "le dio la espalda" al manejo medioambiental que se ha llevado a cabo hasta ahora en la zona.
Y es que el fallo dividió en dos un imponente espacio natural declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2000 y puso en manos de Nicaragua un gran banco de pesca, así como la posibilidad de explotar el petróleo que permanece en el subsuelo marino, actividad prohibida por Santos desde 2011.
Al tiempo, modificó los límites colombianos con otros países del Caribe, como Costa Rica y Jamaica.
Mientras tanto, los habitantes de San Andrés expresaron que la retirada del Pacto de Bogotá para ellos llega tarde y reclamaron al Gobierno que no acate el fallo. "Señor presidente, es una decisión acertada ahora sólo falta la estocada final, No al fallo de la Haya", afirmó a Caracol TV el presidente de la Asamblea departamental de San Andrés, Arlington Howard.
NICARAGUA RESPONDE
Por su parte, el representante legal de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, calificó la decisión como "una medida precipitada" que en última instancia no invalida el fallo, ya puesto en práctica por los barcos del país centroamericano que ejercen su soberanía en la amplia franja marítima.
Según los expertos, Colombia se expone con esta decisión a ser denunciada por Nicaragua y a que su imagen y legitimidad en los foros internacionales queden deterioradas.
"Retirarse del pacto no influye en la sentencia, la sentencia es cosa juzgada, eso se acabó (...) Colombia no tiene nada que ver con las 200 millas (de mar territorial de Nicaragua), son simplemente cuestiones de hecho y de derecho, no tenemos que ir a ningún (otro) tribunal", dijo Argüello a los periodistas en Managua.
