May 24, 2017 Last Updated 10:40 AM, May 24, 2017

Un duro proyecto de ley migratorio se cocina en el Congreso, según un borrador conocido por The Washington Post.

El proyecto tiene como eje principal castigar a las ciudades santuario, obligar a los padres de los adolescentes indocumentados a llevar grilletes de monitoreo electrónico en el tobillo para que sus hijos no falten a las audiencias de deportación, y establecer penas mínimas de cinco años de prisión para quienes crucen la frontera después de haber sido deportados.

Los autores del proyecto de ley son el senador republicano por el estado de Texas,  John Cornyn, presidente del subcomité de la Comisión Judicial del Senado sobre la seguridad fronteriza e inmigración, junto al representante por el estado de Texas, Michael McCaul, que dirige el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara.

El proyecto que está en su etapa de construcción apunta a un cuarto objetivo y es el aumento masivo del número de lugares de detención de indocumentados así como el número de jueces de inmigración para acelerar las deportaciones.

De igual forma el proyecto establece un plan de reembolso económico a los estados que usen sus recursos con el fin de ayudar a la patrulla fronteriza. La propuesta, actualmente está siendo redactada con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional.

Independientemente de si se avanza en el Congreso, la legislación podría tener implicaciones para Cornyn y McCaul, que en la actualidad tienen altas ambiciones políticas, según reporta el Washington Post.

Por un lado Cornyn está en la lista de candidatos a remplazar al director del FBI James B. Comey, mientras que McCaul prepara su candidatura al Senado de los Estados Unidos.

Por su parte los grupos más radicales en temas migratorios al interior del partido republicano dicen que el proyecto es muy suave. Le critican que deja por fuera, en primer lugar, la construcción del muro fronterizo así como estrictas sanciones contra las empresas que contratan a inmigrantes ilegales, haciendo caso omiso del E-Verify, el sistema de verificación del status migratorio de todo trabajador en EEUU.

Por El Diario NY 

El gobierno de Donald Trump tomó la inusual medida de buscar pruebas de delitos cometidos por inmigrantes haitianos mientras decide si les permite participar en un programa humanitario que protegió a decenas de miles de la deportación tras el potente sismo que destruyó gran parte de su país en 2010.

 Las pesquisas sobre el historial delictivo de la comunidad aparecen en correos electrónicos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) obtenidos por The Associated Press. Muestran como el recién nombrado director de política de la agencia quiere saber además cuántos de los 50.000 haitianos enrolados en el programa Estatus Protegido Temporal se benefician de ayudas públicas, a las que no pueden optar.

Los mensajes no dejan claro si los delitos cometidos por los haitianos se utilizarán para determinar su permanencia en el país. El programa busca ayudar a los ciudadanos de lugares asolados por la guerra o desastres y, normalmente, la decisión sobre su regreso se basa en si las condiciones en el país de origen mejoraron los suficiente.

"Quiero avisarles (...) la secretaría va a enviarnos una petición para seamos más receptivos", escribió Kathy Nuebel Kovarik, directora de política y estrategia de la USCIS, el 27 de abril. Sobre la incapacidad de los empleados de la agencia para recopilar la información solicitada sobre los delitos, agregó: "Sé que parte de los datos no están registrados, pero tendremos que encontrar una vía para sacar más datos de nuestro sistema".

La solicitud de los registros delictivos de toda una comunidad es una medida poco ortodoxa. La ley no aclara si debería tenerse en cuenta para el Estatus Protegido Temporal y el gobierno nunca dijo que utilizaría los datos criminales para decidir si los ciudadanos de un país pueden seguir en el programa. La introducción de nuevos criterios podría causar consternación entre los haitianos que respetan las leyes, que podrían sentirse castigados por el comportamiento de algunos compatriotas.

Pero la petición encaja con la dura postura migratoria del presidente Donald Trump, que responde a una preocupación central de sus partidarios. En sus primeros meses en la Casa Blanca, aumentó los esfuerzos para detener a personas que viven de forma ilegal e Estados Unidos e intentó, sin éxito hasta el momento, suspender la llegada de refugiados y vetar temporalmente el ingreso de personas de siete países de mayoría musulmana. El republicano acusó a quienes están en esta situación de alimentar la delincuencia en el país.

No estuvo claro si la agencia solicitó información similar de otros beneficiarios de la protección temporal, que incluye a inmigrantes de Honduras y El Salvador.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Kelly no ha tomado una decisión definitiva sobre el Estatus Protegido Temporal para Haití y declinó comentar el proceso.

El Estatus Protegido Temporal pretende ser justamente eso, temporal. El gobierno de Barack Obama incluyó a Haití en el programa poco después del sismo de enero de 2010 que mató a 300.000 personas y arrasó escuelas, hospitales, viviendas y vecindarios enteros. Desde entonces, los haitianos pueden quedarse en Estados Unidos independientemente de cómo ingresaron _ de forma legal o ilegal _ siempre y cuando residieran en el país antes del 12 de enero de 2011.

El programa para los haitianos se ha ampliado en varias ocasiones y expirará el 22 de julio. El gobierno de Trump debe decidir sobre su futuro antes del 23 de mayo para avisar de sus planes con un margen de 60 días.

El director interino del USCIS recomendó dejar que el programa se agote. En un informe del 10 de abril, publicado por USA Today en un primer momento, James McCament explicó que Haití ya no está en crisis a pesar de su pobreza e inestabilidad política. Sin embargo, quiere permitir que los haitianos sigan en el país hasta enero para darles tiempo a solucionar sus asuntos y marcharse voluntariamente. Si no lo hubiesen hecho para entonces, el ejecutivo podría deportarlos.

El departamento de Seguridad Nacional de Kelly es quien tiene la última palabra.

Los correos electrónicos sobre el conteo de los delitos se enviaron entre el 7 de abril y el 1 de mayo.

Por AP 

El principal estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, se tomó una foto con el conocido rabino Shmuley Boteach, sin fijarse que de fondo tenía nada más ni nada menos que su lista de metas o, mejor dicho, las promesas del presidente Donald Trump.

El rabino acudió a la residencia de la Presidencia de los Estados Unidos durante la celebración del Día de la Independencia de Israel y se tomó la fotografía con el asesor del mandatario.

“Con @SteveBannon en la Casa Blanca el #díadelaindepedenciadeisrael. Steve es genial, un incondicional amigo del Estado Judío”, escribió el rabino en su cuenta de Twitter.

La imagen de Bannon se ven varias listas de promesas relacionadas con el “Obamacare”, por ejemplo, así como una sobre “Inmigración”. Algunas de esas metas ya están palomeadas.

Aquí una lista de lo que es posible leer y el estatus que marcan:

  • Suspender migración de principales países con terrorismo (palomita)
  • Crear programa para apoyar a víctimas de indocumentados (no se ve palomita, pero VOICE ya fue presentado)
  • Suspender el programa de refugiados de Siria (palomita)
  • Problemas para detener a los inmigrantes ilegales (ilegible)… y procesos de deportación. (palomita)
  • Terminar con “detener y liberar” (palomita)
  • Contratar a 5,000 agentes más para la frontera (palomita)
  • El triple de agentes de ICE (palomita)
  • Finalmente completar el programa biométrico de entrada-salida (no se ve palomita)
  • Construir el muro y hacer que eventualmente México (quizá diga, que lo pague, como ha sido el discurso del presidente Trump. No se ve palomita)
  • Limitar la vigencia de visas… de ese modo el Congreso se verá forzado a revisarlas y modificarlas (no se ve el texto completo ni palomita)
  • Sobre el último punto, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para revisar la entrega de visas H-1B o visas de trabajos para profesionistas especializados, principalmente en tecnología y ciencias.

Según la revista TIME, algunos reporteros que han estado en la oficina de Bannon ya habían visto esa pizarra, como fue el caso de Ryan Lizza, de The New Yorker.

 

Por La Opinión

CLARKSTON, Georgia.-

La noche del martes, los miembros del Consejo de Clarkston votaron por unanimidad para limitar la cooperación de esta pequeña ciudad de DeKalb con los oficiales federales de deportación, en medio de la represión de la administración Trump contra la inmigración ilegal.

La nueva política, que entró en vigor inmediatamente, dice que las autoridades de la ciudad no arrestarán o detendrán a nadie, basado en las solicitudes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos llamadas "detenciones" u "órdenes administrativas de inmigración".

La decisión del consejo ocurre luego de una serie de las detenciones de decenas de inmigrantes incumentados este año en Georgia, incluyendo a muchos ciudadanos somalíes en Clarkston este mes.

La decisión de Clarkston también se produce mientras que el presidente Donald Trump está tratando de despojar fondos federales de "ciudades santuarios" que no cooperan plenamente con ICE. La semana pasada, un juez federal en California bloqueó temporalmente una parte clave de la orden ejecutiva de Trump que pretendía retener el dinero para las ciudades santuario.

"Prácticamente, no vamos a tener a nadie más de un par de horas en una celda de retención antes de ser trasladados a la cárcel de DeKalb. Pero la gente de la comunidad tenía miedo, y había muchas historias muy conmovedoras " dijo después de la votación el alcalde de Clarkston Ted Terry.

PROVIDENCE, Rhode Island.-

Hosteleros, dueños de restaurantes y firmas de jardinería tienen dificultades para conseguir mano de obra temporal y en algunos casos rechazan negocios debido al endurecimiento de las condiciones para otorgar visas para trabajadores estacionales extranjeros.

“Va a haber muchos negocios que sencillamente no pueden funcionar a plenitud y algunos que ni siquiera pueden abrir”, afirmó Mac Hay, copropietario del restaurante Mac’s Seafood en Cape Cod y que organizó un grupo de presión para promover en Washington los intereses de las empresas que dependen de los trabajadores temporales.

El problema son las visas H-2B, emitidas para empleos temporales no agrícolas.

Estados Unidos emite 66.000 permisos de este tipo por año fiscal. Algunos trabajadores regresan año tras año y el Congreso les ha permitido hacerlo sin entrar en el recuento oficial. Pero tras el cambio de mando en la Casa Blanca, la exención no fue aprobada para el 2017.

Un proyecto de ley de gasto público presentado el lunes permitirá emitir casi 130.000 visados H-2B, pero procesarlos puede demorarse semanas.

E incluso si se aprueba la ley, la tramitación de las visas podría demorar semanas, lo cual significa que muchos trabajadores no arribarán a tiempo para el último fin de semana largo de mayo, cuando comienza de hecho la temporada veraniega, y tal vez ni siquiera para el feriado del 4 de julio, Día de la Independencia.

Muchos establecimientos dependen de las visas H-2B para contar con trabajadores extranjeros para la cocina, el aseo y otros trabajos que pocos estadounidenses quieren hacer. El resort Mar-a-Lago del presidente Donald Trump suele contratar trabajadores estacionales con estas visas.

Cada visa cuesta en promedio al menos 1.000 dólares en tarifas, viajes y otros gastos que son cubiertos por los empleadores.

La propietaria del Beachmere Inn de Ogunquit, Maine, Sarah Mace Diment, dijo que ofreció menos habitaciones durante el receso de primavera de abril porque no ha podido llenar ocho plazas de aseo y mantenimiento, por las que paga entre 10 y 12,50 dólares la hora. Indicó que ninguno de sus pedidos de visa fue aceptado.

Hay quienes dicen que la mano de obra extranjera barata perjudica a los trabajadores estadounidenses y reduce los salarios, y que los empleadores no se esfuerzan en obtener mano de obra local. La ley estipula que el empleador debe ofrecer trabajo a los estadounidenses antes de solicitar a extranjeros.

Diment asegura que contrata personal de limpieza jamaiquino porque en esta zona rural del sur de Maine no hay suficiente gente dispuesta a tomar empleos temporales. Maine es el estado con la tasa de desempleo más baja del país, del 3%. Diment contrata estudiantes universitarios, pero regresan a clases en agosto, mucho antes del final de la temporada veraniega, que dura hasta octubre.

“Siempre trato de contratar estadounidenses primero. Alguien de la zona”, afirmó. “No usamos este programa porque es fácil. No lo es. Es difícil y costoso, pero lo usamos porque no tenemos otras opciones”.

Los mayores usuarios de las visas temporarias son las empresas de jardinería. Stephen Faulkner, dueño de una firma de Hooksett, New Hampshire, dijo que este año perderá trabajos por valor de cientos de miles de dólares porque no le otorgaron las visas para los seis jardineros mexicanos que trabajan con él desde hace una década.

Afirmó que está considerando dejar esa actividad.

“Mi compañía está siendo devastada al no poder contar con los trabajadores temporales”, expresó. “Me estoy cansando de pelear. Y por ello se van a perder plazas de trabajo en Estados Unidos”.

La central sindical nacional AFL-CIO dice que el programa de visas temporales genera discriminación y explotación, al tiempo que conspira contra los esfuerzos por subir los sueldos y mejorar las condiciones de trabajo. El senador Bernie Sanders se ha preguntado si realmente hay estadounidenses dispuestos a tomar estos empleos.

“Se supone que vivimos en una economía de oferta y demanda, y que si los empleadores no consiguen personal, pueden estar dispuestos a subir los sueldos”, declaró hace poco al diario The Burlington Free Press.

Joseph Lieghio, cuya familia opera hoteles y restaurantes en Mackinaw City, Michigan, dice que duda que pueda conseguir manos de obra nativa incluso su duplica sus sueldos de 10 y 11 dólares la hora para lavadores de platos, ayudantes de cocina y personal administrativo.

“Si respiran y entran a nuestras instalaciones, les damos un trabajo”, manifestó. “Pero no viene nadie”.

Señaló que le aprobaron 130 pedidos de visa y que otros 80 fueron rechazados. Por ello está reduciendo las horas en que funcionan sus restaurantes, subiendo los precios y postergando la apertura de otro restaurante.

La jamaiquina Novelette Barnes-Chin viene a Estados Unidos a trabajar por temporada desde los 32 años. Hoy, a los 50, ruega por que se le permita trabajar en el Beachmere Inn al menos parte de la temporada.

“Es lo que nos da de comer” a muchos jamaiquinos, comentó. “Venimos a trabajar, ahorrar y comprar algunas cosas. Me siento destrozada en estos momentos, muy triste” por las restricciones a las visas para trabajos temporales.

Por AP 

El lanzamiento de VOICE, la oficina que atiende a estadounidenses víctimas de inmigrantes delincuentes, se vio empañado por la integración en la base de datos en línea de niños y bebés.

Incluso así lo reconoció el Departamento de Seguridad Nacional cuando LA Times, el primer medio en documentar el hecho, lo cuestionó al respecto.

Fue el abogado Bryan Johnson, de Long Island, Nueva York, quien advirtió el error, el cual calificó como una verdadera “imprudencia por parte del gobierno de Trump”.

El sistema, que no fue filtrado correctamente, incluyó niños bajo custodia de inmigrantes, algunos tan jóvenes como unos pocos meses.

Por ejemplo, en esa lista de “criminales” están un niño de 3 años de El Salvador, tomado en custodia en Texas, y una guatemalteca de 4 años, retenido en Phoenix.

La base de datos también incluyó menores no acompañados y que actualmente están en hogares de grupo.

“La política del Departamento de Seguridad Nacional es y sigue siendo proteger la información de los menores bajo nuestra custodia”, dijo Gillian M. Christensen, una portavoz de DHS, al afirmar que el error había sido corregido.

Paralelo al lanzamiento de VOICE, un grupo de congresistas demócratas dieron a conocer SAINT, para destacar historias de inmigrantes que han salvado las vidas de estadounidenses.

Por El Diario NY 

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly confirmó que las personas que están en Estados Unidos con visas vencidas serán la nueva prioridad de los agentes de inmigración en todo el país.

El 45% de la población indocumentada en el país entró a los Estados Unidos utilizando algún tipo de visa, según un estudio del Centro Hispano Pew. Conocidos como “residentes ilegales”, estos inmigrantes se convirtieron en indocumentados en el momento que se quedaron en el país una vez se vencieron sus respectivas visas.

“Hay muchas personas en este país que deben ser arrestadas y deportadas por esta razón. Es un número muy grande de indocumentados con visas vencidas en Estados Unidos” dijo Kelly a Meet The Press.

Kelly concluyó diciendo que aunque va a ser un proceso largo para acabar con el problema de las visas vencidas, harán todo lo posible por remover hasta el “último” de los casos.

Expertos instan a las personas con visas vencidas a que busquen asesoría legal migratoria, pues existen casos específicos en que estas visas pueden ser renovadas o extendidas, como en el caso de un matrimonio con un ciudadano americano, entre otros.

A pesar de que el Congreso autorizó varias iniciativas para rastrear a los visitantes extranjeros después del ataque terrorista en 1993 del World Trade Center, así como después de los ataques del 9/11, el gobierno de Estados Unidos actualmente no tiene un sistema para determinar con exactitud si todos los ciudadanos extranjeros admitidos con visas temporales salieron del país antes de que sus permisos vencieran.

Actualmente se utiliza un programa piloto conocido como US-VISIT, el cual está a prueba en 12 aeropuertos de todo el país. Cuando esté totalmente implementado, US-VISIT, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, se podrá contar con registros computarizados de llegadas y salidas de cada extranjero, así como un medio electrónico para verificar la identidad del visitante con sus datos biométricos.

Mientras tanto la forma I-94 sigue siendo la única pista de la gran mayoría de visitantes en Estados Unidos.

Por La Opinión

El presidente Donald Trump firmará este martes una orden ejecutiva que continúa su línea proteccionista hacia los trabajadores y productos estadounidenses, lo que podría resultar en el endurecimiento de requisitos para algunos visados y la revisión parcial de acuerdos comerciales.

Trump visitará una fábrica de herramientas en Kenosha, Wisconsin, para hablar sobre su lema "Compra estadounidense y contrata a estadounidenses", y firmará allí un decreto dirigido a avanzar en ese objetivo, según adelantaron fuentes de la Casa Blanca.

La orden ejecutiva tiene un doble componente y está destinada en primer lugar a revisar el sistema de visados para evitar que pueda beneficiar a trabajadores extranjeros en detrimento de los estadounidenses, según explicó un funcionario de la Casa Blanca, quien pidió el anonimato, en una conferencia de prensa.

Trump instruirá en el decreto a los departamentos de Trabajo, Justicia, Seguridad Nacional y Estado a "actuar rápidamente para castigar el fraude y los abusos en el sistema de inmigración con el fin de proteger a los trabajadores de Estados Unidos y sus condiciones económicas", precisó el funcionario.

Además, pedirá a esos cuatro departamentos que "emprendan reformas para asegurar que los visados H-1B se conceden a los solicitantes más cualificados", dado que, según la fuente, el 80% de los beneficiarios de esa visa "cobran menos del salario medio en sus respectivos campos" de trabajo.

El visado H-1B permite contratar temporalmente a extranjeros -85,000 al año- en puestos de alta cualificación y relacionados sobre todo con ciencias, ingeniería y tecnología, y la Casa Blanca considera que contribuye a "traer al país a trabajadores menos cualificados y peor pagados que aquellos a los que reemplazan".

"Queremos pasar del sistema actual (para los visados H-1B), basado en una lotería, a un sistema que dé prioridad a trabajadores más cualificados, lo que haría que sea mucho más difícil reemplazar a los estadounidenses", concretó el citado funcionario.

El segundo componente del decreto es el dirigido a promover el uso de productos estadounidenses en los contratos para proyectos financiados por el gobierno federal, según apuntó un segundo funcionario en la misma conferencia de prensa.

Varias leyes de EEUU obligan a la compra de productos nacionales para ese tipo de proyectos, pero hay ciertos "vacíos legales" y acuerdos incluidos en tratados comerciales bilaterales que permiten esquivar esa normativa, conocida como "Compra estadounidense".

La orden exige a "todas las agencias del gobierno" a hacer "revisiones integrales decididas a castigar cualquier debilidad" en la supervisión o aplicación de esa normativa y a "eliminar los vacíos legales" que la perjudican, indicó el funcionario.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, deberá entregar a Trump en un plazo máximo de 220 días un informe con recomendaciones para "fortalecer" la política de "Compra estadounidense".

El decreto también pide revisar los acuerdos a los que ha llegado Estados Unidos al firmar tratados comerciales con otros países, por los que renunciaba a esa política con el fin de lograr un beneficio recíproco en los mercados extranjeros de contratos públicos.

Estados Unidos ha llegado a ese tipo de acuerdos en "casi 20 tratados comerciales" y un pacto con la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero la Casa Blanca de Trump cree que hay indicios de que Washington "puede no estar recibiendo su parte justa en el mercado global de contratos públicos", según el funcionario.

"Si resulta que Estados Unidos es un perdedor neto debido a las excepciones incluidas en acuerdos de libre comercio, esas excepciones serán renegociadas o revocadas de inmediato", advirtió.

"Con esto, esperamos que nuestros socios comerciales despierten y se comporten de forma más justa y recíproca", añadió la fuente.

Por EFE

 

El segundo mejor país del mundo para vivir, Australia, no solo ofrece a sus ciudadanos una excelente calidad de vida, con empleos bien remunerados, sino que también extiende estos beneficios a los mexicanos y a los ciudadanos de otros países que estén interesados en radicar en este lugar.

Los trabajadores podrán ganar el salario promedio al mes y se les permite la oportunidad de obtener una visa de residencia permanente.

La noticia publicada en Forbes México, asegura que en este país ha tenido una economía muy estable durante 25 años, en el ambiente laboral el salario promedio es de 82 mil pesos mensuales ($ 4,395 dólares), y esto puede aumentar dependiendo de la preparación profesional que tenga cada ciudadano.

Entre 262 países, Australia es quien brinda el mejor salario por hora a sus pobladores, caso contrario a México que está posicionado en uno de los países con los salarios mínimos más bajos de un dólar por hora; lo que permite ofrecer siete veces más el sueldo a los mexicanos que deciden emigrar a este lugar.

Nicholas Houston, el único agente migratorio para México registrado por M.A.R.A., (Agentes de Migración y Autoridad de Registro), informó que las autoridades australianas están en la búsqueda de mexicanos preparados que dominen el idioma inglés para que laboren en su país, y que pueden obtener fácilmente su visa permanente en un lapso aproximado de 12 meses.

Los mexicanos interesados podrán desarrollar más de 400 actividades profesionales en las que destacan ingeniería, tecnología, contaduría, actuaría o arquitectura.

Houston dijo que en Australia actualmente viven y trabajan 10 mil mexicanos que han arribado a este lugar con el apoyo del programa de visas para trabajar que ofrece las autoridades de este país.

El gobierno australiano brinda a sus ciudadanos apoyos económicos para formar una familia y a los nuevos padres les hace entrega de un paquete semanal de 9 mil 975 pesos por 18 semanas y un seguro médico.

Las personas interesadas en emigrar a Australia en plan de trabajo o estudios deben consultar la página Visa Finder, en donde podrán encontrar un cuestionario para una evaluación y saber cuál es la mejor opción a la que se puede aplicar

También pueden consultar VisAustralia, que es un despacho migratorio especializado para ayudar a los extranjeros interesados en viajar y vivir en Australia, a quienes les explica la estructura del sistema migratorio.

 

El agente de migración radicado en México Nicholas Houston explicó que este programa se ha aplicado desde hace 60 años y tienen interés que siga funcionando por muchos años más y aunque se refiere a los mexicanos que estén interesados en trabajar en Australia, cualquier persona puede chequear la información con los requisitos para emigrar y trabajar en ese país en el sitio de Inmigración del gobierno de Australia.

El gobierno de Australia brinda los siguientes números de teléfono y correo electrónico para brindar información más detallada a las personas que estén interesadas en México: contacto @ visaustralia.com y los teléfonos 3600 5059 desde la Ciudad de México, o bien, a nivel nacional en México, 01800 801 0677.

Por El Diario NY con información de Forbes México

Jeff Sessions, el Fiscal General de Estados Unidos, ofreció un mensaje en su visita en la frontera sur de Arizona, en el cual declaró que lucharán contra las padillas y extranjeros que ingresen ilegalmente a EU.

Aseguró que aquellos adultos que ingresen ilegalmente serán detenidos y no serán liberados. “No se tolerará ningún ataque contrabandista. Lucharemos contra los criminales extranjeros” dijo.

El Fiscal hizo énfasis en las organizaciones criminales; declaró que Estados Unidos asegurará la frontera, y que capturarán a todos los criminales y padillas, haciendo referencia al cártel de los Zetas. “Será nuestra prioridad la destrucción de los cárteles, de aquellos que traen droga al país, investigaremos todo lo posible, porque es el deber de Estados Unidos”, afirmó.

Así mismo Jeff Sessions explicó habrá 50 jueces para que procesen a los inmigrantes. “Es la era de Trump, la era de la legalidad”, dijo.

Por El Sol de México

 Nogales, Arizona. - Efraín Solís Jr, juramentó como nuevo director de los puertos de entrada en Nogales, Arizona, un oficial con más de 25 años de experiencia en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Solís supervisará las operaciones de lucha contra el flujo de armas y drogas ilícitas. Además, velará porque los flujos migratorios se lleven a cabo de manera legal y responsable, informó la agencia.

“La seguridad de la nación es lo primero y luego es procesar el cargo”, dijo Solís, sobre la importancia de agilizar los tiempos de espera del transporte comercial en las garitas.

Los puertos de entrada en Nogales, decomisan diariamente cientos de libras de droga que los contrabandistas intentan cruzar escondida en cargamentos comerciales, en vehiculos o con peatones.

El oficial también es responsable de asegurar que las inspecciones de aduanas y agricultura se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos del país.

"Me siento humilde de haber sido seleccionado como director del Puerto de Nogales. Espero trabajar como parte de este equipo y con las partes interesadas locales. Estoy impresionado con el nivel actual de cooperación y colaboración ya existente en ambos lados de la frontera ", dijo el nuevo director de los puertos fronterizos.

Las responsabilidades de Solís incluirán los dos cruces principales en Nogales, Arizona, Dennis DeConcini y el puerto comercial de Mariposa, así como la entrada para peatones Morley, el Aeropuerto Internacional de Nogales y el puerto férreo de Río Rico.

Solis comenzó su carrera en el gobierno como inspector de las aduanas en el puerto de Brownsville , Texas. Durante sus más de 25 años de servicio federal, ha ocupado diversos cargos de liderazgo, incluyendo el cargo de director auxiliar de operaciones tácticas en el Puerto de San Luis, Arizona, Asistente del director portuario-táctico en Laredo en Texas, Director de programas alternativos de financiamiento y Comandante adjunto del equipo contra terrorismo en el corredor del sur de Texas.

Las expectativas de los transportistas para el nuevo director son altas, los comerciantes se quejan de demoras en el cruce por el puerto comercial de Mariposa y esperan que Solís incremente mayor agilidad en ese cruce fronterizo.

“Que agilicen más las líneas para no durar tanto en la fila, si hacen cambio de turno te hace esperar demasiado”, sostuvo Mario Arvizo, transportista fronterizo. 

Al respecto, Solís dijo que cuenta con los agentes necesarios para cumplir esa labor pero en caso de un incremento en el turismo o el comercio se realizarán los cambios necesarios.

Por su parte, el alcalde de Nogales, Arizona, Cuauhtemoc Galindo enfatizó también en la prioridad de agilizar los tiempos de espera en los puertos de entrada de turistas y peatones lo que podría fomentar el comercio y turismo en la región.

Por Univisión 

Un juez magistrado federal de Texas aseguró que funcionarios migratorios le informaron que una serie de operativos de ICE de gran escala en Austin –la capital del estado– fueron ordenadas como venganza ante la adopción de políticas de ‘ciudad santuario’ en la Cárcel del Condado por parte de la sheriff.

El juez magistrado Andrew Austin hizo las declaraciones en una sesión pública de la Corte y el audio de sus comentarios fue subido a la web por el periódico Austin American-Statesman.

Austin sugiere que los arrestos realizados en febrero –que molestaron a grupos de activistas– fueron en venganza por la política de la Sheriff del Condado de Travis, Sally Hernández.

La versión del juez contrasta con la del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sentido de que se trató de operaciones de rutina.

De acuerdo con registros periodísticos, la sheriff Hernández señaló que en la Cárcel del Condado sólo mantendría detenidos para ICE a personas acusadas de homicidio, ataque sexual agravado o tráfico humano. Otros indocumentados no serían entregados a las autoridades federales.

El magistrado Austin asegura que funcionarios de ICE se reunieron con él y con el juez Mark Lane a finales de enero para notificarles de un operativo en puerta, el cual dijeron que “iba a ser una operación específica y se nos dijo en la junta que era como resultado de la nueva política de la sheriff”.

“Creo que la razón por la que esto ocurrió fue porque las reuniones entre el director de la oficina de campo de ICE y la sheriff no estuvieron bien”, agregó Austin.

El juez también cuestionó a un agente de ICE por el arresto de Juan Coronilla-Guerrero, quien fue detenido cuando se presentó a la Corte, sobre si éste era el modo normal de operaciones de la agencia.

El oficial migratorio respondió que no consideraba que detener a personas en los tribunales formara parte de las nuevas políticas de ICE.

No obstante, el 9 de febrero agentes de ICE detuvieron en la Corte del Condado de El Paso a Irvin González, una mujer transgénero que acudió a denunciar maltrato por parte de su pareja. González fue llevada al Centro de Detención de ICE, donde enfrenta cargos por haber reincidido al cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

Las detenciones de indocumentados en cortes han generado un rechazo generalizado a nivel nacional. En California, la juez Tani Cantil-Sakauye, la máxima autoridad del Poder Judicial estatal, escribió una carta al procurador general de EU, Jeff Sessions, en la que le reclama que agentes migratorios federales utilicen las cortes como “carnada”, un lugar para “acosar” a inmigrantes que no “representan ningún riesgo para la seguridad pública”.

Versiones encontradas

El agente Laron Bryant, quien ha trabajado en la oficina del ICE en Austin desde el verano pasado, dijo que él no estaba enterado sobre la reunión entre Hernández y el ICE, y dijo que las inquietudes expresadas por el juez eran nueva información para él.

Los oficiales del ICE emitieron un comunicado en torno al asunto el lunes por la tarde: “Por razones operacionales de seguridad, el ICE no habla ni discute sobre sus futuros operativos. Sin embargo, el ICE realiza operativos diarios a nivel nacional con el fin de resguardar la seguridad de nuestras comunidades arrestando a inmigrantes ilegales acusados de delito y a otros individuos que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación”.

Kristen Dark, una vocera de Hernández, dijo que la sheriff no haría ningún comentario el lunes debido a que ella no formó parte de ningún tipo de conversación entre los agentes del ICE y los jueces. El juez auxiliar federal Mark Lane, quien asistió a la reunión con Austin, también se rehusó a dar un comentario.

La manera en que los agentes del ICE realizaron el operativo –los oficiales detuvieron a personas sospechosas de estar viviendo en el país de manera ilegal o acudieron a sus casas y negocios para arrestarlas– fue un cambio sustancial de cómo la agencia ha operado con anterioridad en el Condado de Travis. En el pasado, la mayoría de los arrestos resultaban de las revisiones de inmigración hechas a los presos de la Cárcel del Condado de Travis.

Durante las redadas que se llevaron a cabo en el transcurso de una semana a mediados de febrero, los rumores se esparcieron rápidamente por las redes sociales, y tras ello se vino una oleada de preguntas sobre por qué la ciudad de Austin había sido escogida para realizar semejante operativo y sobre si la ciudad se debe preparar para más acciones de este tipo.

Por Diario MX

CLAYTON, Georgia.-

El gobierno de Trump emitió el lunes un informe identificando a más de 100 agencias locales de aplicación de la ley - incluyendo las oficinas del sheriff de los condados Clayton y DeKalb - que están limitando su cooperación con oficiales federales de deportación.

En el informe se explica cómo responden estas agencias locales a los oficiales de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que han solicitado retener a los presos en las cárceles por 48 horas adicionales -excluyendo los fines de semana y los días festivos-  para dar tiempo a ICE de tomar la custodia de los detenidos y tratar de deportarlos.

De acuerdo a ICE, la Oficina del Sheriff de Clayton, no ayudará a los oficiales de detención, a menos que el ICE presente primero una "orden judicial autorizando la detención." De manera similar, la Oficina del Sheriff de DeKalb no aceptará a los oficiales de detención, a menos que ICE produzca una orden de detención o suficiente causa probable.

Este lunes fue publicado el informe de ICE, como fue requerido en la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump emitió en enero para acabar con la inmigración ilegal.

En esa orden, Trump prometió cortar la financiación federal a "jurisdicciones de santuarios", o comunidades que no cooperen plenamente con ICE. La ley estatal de Georgia prohíbe las "políticas de santuarios" que restringen la información sobre el estado migratorio.

No se sabe cuáles consecuencias, si acaso,  podrían enfrentar Clayton y DeKalb  por acabar formando parte de la lista de ICE. La agencia federal dice que su aparición en esta lista no significa automáticamente que perderán fondos federales.

De acuerdo al AJC, en 2014, el Sheriff de DeKalb, Jeffrey Mann, señaló que las sentencias judiciales federales que encarcelan a personas basadas en detenciones de ICE, puede violar sus derechos constitucionales.

El Gobierno de Donald Trump publicó por primera vez este lunes una lista que destaca la nacionalidad de los extranjeros con cargos criminales, especifica su actividad delictiva haya o no sido ya condenada, y pone el foco en los condados que giran la espalda al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

La lista, de hecho, es una nueva forma presión de Donald Trump contra las ciudades o condados santuario. Según la web, su misión es señalar aquellas jurisdicciones locales que liberan a inmigrantes con cargos o sentencias delictivas, en vez de transferirlos a custodia de ICE para que avancen en su proceso de deportación.

En todo el país, las autoridades migratorias emitieron 3,083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por delitos entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 2017. El informe advierte que, en ese periodo, hubo 206 extranjeros detenidos que varias jurisdicciones locales declinaron transferir a ICE y que conforman la lista de crímenes.

Una arrolladora mayoría latina

Casi el 70% de los inmigrantes de la lista son de nacionalidad mexicana. No aparecen sus nombres, pero si sus países de origen.

Y más del 95% son de nacionalidades latinoamericanas, según la revisión de los datos hecha por Univision Noticias. Después de México, Honduras es la procedencia más frecuente.

Más cargos que sentencias

La mayoría de detenidos que ICE querría haber procesado tan solo tienen cargos delictivos pero no han sido sentenciados: de los 207 de la lista, 116 son cargos todavía por sentenciar.

Entre los cargos más comunes está la violencia doméstica, el manejo bajo la influencia del alcohol, agresión, atraco y ofensa sexual. También hay inmigrantes indocumentados en la lista por posesión de marihuana, alteración del orden público, resistencia a un oficial y prostitución.

Texas, muy presente

El estado más presente en la lista es Texas, pero también aparecen otras jurisdicciones de estados como California, Colorado, Florida, Nueva York, Oregon, Virginia y Washington, entre otras. El condado que acoge a Austin, Travis, que se ha mostrado muy combativo con ICE, aparece de manera desproporcionada en la lista.

El gobierno recuerda que la lista se elabora por mandato del presidente Donald Trump, que firmó en enero la orden ejecutiva para endurecer las detenciones y deportaciones de inmigrantes indocumentados.

"Esta es realmente una campaña de educación para mostrar al pueblo estadounidense lo que hacen nuestros agentes diariamente y para mostrar qué jurisdicciones no cumplen con las normas", dijo un altos funcionario en una llamada con la prensa, según recoge la agencia Efe.

Según el informe, las autoridades migratorias emitieron 3.083 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por crímenes entre el 28 de enero y el 3 de febrero.

El poder del gobierno

Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, dijo a Univision Noticias que el gobierno federal no está violando la ley si decide ir por estas personas.

"Tiene el derecho de hacerlo, ir a buscarlos es una prioridad sobre todo si se trata de personas que constituyan una amenaza a la seguridad pública y nacional. Aquí el punto es que Trump declaró a todos los inmigrantes indocumentados como un peligro para la seguridad nacional”, opina la jurista, quien ha aplicado la ley de inmigración durante más de 25 años.

La abogada Velásquez dijo además que el riesgo es que el gobierno “detenga a personas sin ser escuchadas, puede se cometan abusos si no está clarificado quién es una amenaza y quién no, y se pone en riesgo el debido proceso”.

Vigilando que no se cometan abusos

En Los Ángeles se encendieron todas las alarmas tras la publicación de la lista. “Es una malísima noticia”, dijo Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento Latino USA.

“Nosotros estamos confiados en que nuestro estado de California no colaborará con el gobierno federal en la búsqueda de indocumentados, pero no nos opondremos en el caso que un inmigrante tenga antecedentes criminales serios y represente una amenaza para la seguridad de la nación", agregó.

La sombra de los 287(g)

En Seattle, Washington, las preocupaciones son similares. ”Las autoridades de la ciudad y del estado deberían impedir que el gobierno utilice el Programa 287(g) para hacer acuerdos con las policías locales y detener a indocumentados”, dice Mary Mora, directora de comunicaciones de la organización Latino Advocacy.

Este programa actúa de manera opuesta que las jurisdicciones santuario y el gobierno de Donald Trump quiere ampliarlo. Consiste en firmar un acuerdo formal entre la agencia de seguridad local con el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende ICE.

De hecho, el gobierno federal entrena durante cinco semanas a los agentes locales para formarlos en materia de inmigración. Después, las funciones de estos oficiales están supervisados por el Servicio de Inmigración.

Por Univisión 

En una muy tensa reunión con líderes demócratas, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguró este viernes que su agencia no está persiguiendo a “DACAmentados” ni a la gente en las iglesias, pero que el gobierno hará cumplir las leyes de inmigración.

Kelly se reunió hoy por primera vez y durante una hora con varios líderes demócratas de la Cámara de Representantes para explicar la política migratoria de la Administración Trump, pero el encuentro fue muy tenso y llegó a los gritos en algunas ocasiones, según algunos de los que participaron.

“No estamos persiguiendo a jóvenes bajo el DACA”, insistió Kelly, al referirse al programa de “acción diferida” que la Administración Obama puso en marcha en agosto de 2012.

Cuando varios legisladores mostraron asombro ante su afirmación, Kelly replicó molesto: “Ya está bien, no?”

Pero los legisladores destacaron casos en los que “DREAMers” han sido detenidos por ICE.  El caso del mexicano Daniel Ramírez Medina en Seattle (Washington), por ejemplo, ha tenido mucha cobertura mediática.

Kelly nuevamente dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no está arrestando a gente por su color de piel o religión sino que está persiguiendo a criminales y que, en cualquier caso, ICE sólo sigue las órdenes de un juez y lo que determinen las leyes.

Durante una rueda de prensa en el Capitolio, el presidente de la bancada demócrata, el legislador de Nueva Jersey, Joseph Crowley,  dijo que Kelly mostró una actitud “desdeñosa” hacia los legisladores, que solo buscaban una explicación sobre cómo se están implementando las órdenes ejecutivas de Trump.

Aproximadamente la mitad de los 193 demócratas en la Cámara Baja participaron en la reunión con Kelly, en la que también abordaron asuntos como la construcción del muro fronterizo y la nueva veda a inmigrantes musulmanes.

La oficina de la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, describió en un comunicado el tono y contenido de la reunión en un comunicado, según el cual Kelly dijo que Trump tiene “una visión distinta sobre asuntos de seguridad nacional” respecto a la de su antecesor, Barack Obama.

La presidenta del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Michelle Luján Grisham, señaló “el miedo y la confusión” que la nueva política migratoria están causando en la comunidad inmigrante.

Por su parte, la legisladora demócrata de California, Judy Chu, pidió explicaciones sobre qué medidas se están tomando para que haya más supervisión y rendición de cuentas de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), y sus agentes no discriminen a alguien por el origen de su nombre.

Pero Kelly negó que los agentes de la CBP discriminen y culpó a algunos medios de exagerar en su cobertura, al insistir en que los agentes arrestan a alguien si tiene razón para hacerlo.

Kelly defendió la práctica de colocar a los niños centroamericanos no acompañados en hogares temporales porque, en su opinión, el gobierno tiene que “disuadir” la inmigración ilegal.  El DHS continúa la práctica de entregar a los niños a los albergues del Departamento de Salud 72 horas después de su arresto.

A una pregunta de la legisladora demócrata de California, Norma Torres, sobre el plan del DHS de separar a madres de sus hijos en la frontera, Kelly aseguró que la agencia no lo está haciendo.

Cuando el legislador demócrata de California, Luis Correa, mostró a Kelly fotos de vehículos del DHS cerca de iglesias, el secretario de Seguridad Nacional respondió que eso no es algo que la agencia haga “típicamente”.

 “Lo último que querríamos hacer es ir a los vecindarios”, dijo Kelly, al insistir en que no están haciendo redadas cerca de escuelas, iglesias y demás sitios de alta sensibilidad.

Por La Opinión 

El caso de una mujer embarazada, madre de cuatro, que está en proceso de deportación a su natal Guatemala, será revisado por una corte federal de inmigración.

Uno de los abogados de la mujer, quien vive en Carolina del Norte, dice que Lilian Cardona Pérez, de 34 años, tenía 15 años cuando ingresó al país de manera ilegal.

Un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas dijo a The Associated Press que la centroamericana fue arrestada en el condado de Wake en el 2010 por un cargo sobre propiedad. Ese delito luego fue desestimado, pero se ordenó su deportación y el plazo para presentar una apelación se venció.

Documentos presentados en corte también muestran que tuvo un arresto en el 2015 por manejar en estado de ebriedad.

Su abogado dijo al Fayetteville Observer que generalmente toma tres semanas para que la corte decida si deporta a alguien o no.

Por AP 

Una corte federal halló jurisdicción para escuchar el caso de Daniel Ramirez Medina, un ‘dreamer’ detenido en Seattle en Febrero.

El juez James P. Donohue emitió una recomendación negando la moción de deportación del Gobierno. El tribunal volvió a rechazar la liberación de Ramírez pero su abogado cree que DACA apoya su liberación inmediata.

La demanda legal presentada por un equipo de abogados argumenta que la detención de Ramirez es ilegal, ya que el gobierno no ha presentado prueba alguna de que el muchacho sea pandillero y su arresto viola la promesa hecha por el gobierno a los que cumplieron todos los requisitos de DACA.

 Ramirez cumplió 24 años la pasada semana en el centro de detención de Tacoma, Washington y vive en Estados Unidos desde que lo trajeron de México a la edad de 7 años.

En una carta publicada en The Washington Post, Ramirez Medina niega tener conexión alguna con grupos de pandillas y reitera que el gobierno lo sabe, porque en los últimos cinco años pasó por dos revisiones de antecedentes que el gobierno federal realiza a todos los solicitantes de DACA.

El muchacho había obtenido DACA en 2014 y renovado en 2016. Cada vez que alguien renueva DACA debe entregar sus huellas digitales y pasar de nuevo por la revisión de antecedentes que va a todas las bases de datos del gobierno. En ambos casos, Ramírez salió limpio de la revisión y le otorgaron el beneficio.

  

A continuación, compartimos partes de la carta de Daniel Ramirez Medina.

“La pasada semana cumplí 24 años en un centro de detención de Tacoma, Washington, donde estoy detenido hace más de un mes. Tengo más de un mes separado de mi familia y de hacer todo lo posible para sostener a mi hijo de 3 años, muy lejos del futuro que mis padres desearon para mí cuando me trajeron a los siete años. He pasado casi toda mi vida en Estados Unidos, como niño, adolescente y ahora adulto, con un hijo propio. Este país es mi hogar“.

El muchacho cuenta que el día que le aprobaron su primer DACA fue “el más feliz de mi vida”.

“Sentí que podía dejar de sentir temor, y participar en las increíbles oportunidades que este país ofrece. Trabajé en la pizca de la naranja en los cambios de California Central, cerca de mi casa. Hacía calor, y era un trabajo sucio y dificil, pero me sentía satisfecho de poder trabajar y ayudar a mi familia sin temor a la deportación. En 2013 nació mi hijo Daniel JR. Ese niño es mi vida y cambió mi vida por completo”.

Cuando ICE lo arrestó Ramirez se había mudado hacia apenas un mes de su hogar en el Valle Central de California a la casa de su papá en Seattle. Su objetivo era conseguir un mejor trabajo y  hacer estudios de mecánica o de pintura de vehículos, dos oficios que le gustan. Pero todo se derrumbó el día que ICE se presentó a su casa a arrestar al papá por una orden de deportación pendiente. Daniel dormía, pero lo arrestaron a pesar que les informó que tenía un permiso de DACA.

“Los agentes dijeron que el tatuaje en mi brazo significa que estoy en una pandilla. Me hice el tatuaje al cumplir 18 años en honor a La Paz, México, la ciudad donde nací. Los agentes me interrogaron por horas e insistieron que yo era un pandillero porque soy del Valle Central. Según ellos, todos los jóvenes del Valle Central son pandilleros. No importó cuantas veces les dije que yo no lo era”.

El “dreamer” agregó que el gobierno sabe bien cual es su estatus y sus antecedentes, porque los revisaron dos veces en todas las bases de datos federales y estatales antes de concederle el beneficio de DACA.

“Como todos los dreamers, les di toda mi información, huellas digitales para calificar por DACA. Han verificado dos veces que no tengo historial criminal, nunca estuve afiliado con una pandilla y no soy una amenaza para la seguridad pública. A pesar de ello, miraron mi estatus de DACA y mi permiso de trabajo como si no significara nada”.

A pesar de todo, Daniel indica que se considera afortunado por haber tenido acceso a DACA, tener abogados que representan su caso y haber recibido numerosas muestras de apoyo del mundo exterior desde su arresto.

“Mis padres me traeron a este país porque querían para mi lo que todos los padres quieren para sus hijos, una mejor vida. Los “dreamers” como yo no estamos pidiendo limosna. Queremos que el gobierno cumpla su promesa y nos deje contribuir a nuestras comunidades y cuidar de nuestras familias sin ser enviados a un país que no conocemos. Yo amo a este país porque incluye a personas de diferentes culturas y lenguas….ese es el país que amo y espero que nos apoye a nosotros los dreamers”.

El miércoles pasado, los abogados de Ramirez Medina comparecieron ante el juez federal James P. Donohue pidiendo la liberación del muchacho, mientras que abogados del gobierno pidieron la disolución del caso federal e indicaron que el proceso de Daniel debe seguir en corte migratoria ya que lo despojaron de sus beneficios de DACA al “confesar” que es pandillero (cosa que Daniel y sus abogados aseguran que no ocurrió).

“Daniel ha estado detenido durante más de un mes sin tener ningún cargo criminal, lo que es peor, el gobierno ha usado falsedades y acusaciones sin base y lo ha puesto en situación peligrosa”, dijo Mark Rosenbaum, director de Oportunidad Legal en la organización Public Counsel.

Rosenbaum agregó que “el gobierno ha actuado de manera flagrante, irresponsable e inconstitucional”.

“Nuestra máxima prioridad es asegurar la liberación inmediata de Daniel para reunirlo con su familia. Cada día que Daniel permanece detenido es otro día de injusticia. Esperamos que el tribunal considere plenamente nuestros argumentos y ordene la liberación de Daniel tan pronto como sea posible“.

Por Telemundo

Las más de 60 empresas hispanas interesadas en la construcción del polémico muro que el presidente Donald Trump quiere levantar en la frontera de Estados Unidos con México dejan de lado las consideraciones políticas o patrióticas y ven la obra como una oportunidad de negocio.

“Honestamente, para nosotros sería antes que nada un trabajo más de infraestructura y creador de empleos, algo que tanto necesitamos en Nuevo México”, declaró Mario Burgos, de la empresa de construcción Burgos Group, quien destacó que su estado tiene una tasa de desempleo del 6.7%, la más alta del país.

Hijo de un peruano, Burgos dijo que la participación de su empresa familiar en un proyecto que puede repartir contratos por más de 20 mil millones de dólares, no tiene connotación antiinmigrante, sino que es cuestión práctica.

Amagan a dueños de predios

El gobierno de Donald Trump habría empezado a buscar la compra obligada de terrenos a lo largo de la frontera aún antes de tomar el poder, de acuerdo con documentos consignados por el semanario Texas Observer.

El periódico reportó que la semana previa a la toma de posesión de Trump, Yvette Salinas recibió un aviso legal de que el Departamento de Seguridad Nacional estadunidense (DHS) quiere construir el muro fronterizo en tierras de su familia.

El documento, titulado “Declaración de tomar”, dirigido a su madre, María Flores. Ofrece dos mil 900 dólares por 1.2 acres (cuatro mil 856.23 metros cuadrados).

El texto advirtió que si no acepta, podría ser embargada por el principio de “dominio eminente” o expropiación para beneficio público. “Da miedo cuando uno lee”, dice Salinas.

Salen de licitación

La única empresa mexicana que participaba en el concurso para iluminar el muro, tomó la decisión de retirarse.

EcoVelocity es una firma poblana fundada por el empresario egipcio-mexicano, Theodore Nicholas Atalla, quien se retiró porque exigían uso exclusivo de materiales estadunidenses.

En entrevista telefónica, Atalla comentó que decidió participar ante la posibilidad de generar más empleo.

Por EFE 

Agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a una pequeña de apenas cuatro años, abandonada a su suerte por traficantes de personas en la frontera entre México y California.

De acuerdo a Univisión, el hallazgo de la menor, originaria de Guatemala, ocurrió el domingo, en el área llamada Mt. Signal, al este de Calexico, California y muy cerca de la frontera con México,  informaron las autoridades.

De acuerdo a Univisión, tras recibir reportes de personas realizando un cruce ilegal, agentes fronterizos arribaron a la zona, logrando ver a una persona huir en un auto. Ahí encontraron a la pequeña, sin ningún adulto acompañándola.

La menor portaba su certificado de nacimiento, mismo que sirvió para identificar a sus padres. Luego de ser alimentada, la niña fue entregada al Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Un Juez federal dijo que la Patrulla Fronteriza en Arizona violó las órdenes de la corte al no preservar de manera adecuada los videos de vigilancia relacionados con una demanda en la que se acusaba a la agencia de detener a los inmigrantes en condiciones inhumanas.

 El juez federal de distrito David Brury otorgó el lunes una moción parcial para declarar en desacato civil al Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, respecto a los archivos de video que, por ley, debía entregar, pero que resultaron dañados irreparablemente. La corte encontró que la Patrulla Fronteriza sabía desde junio de 2016 que los archivos estaban dañados, pero nunca notificó a la parte acusadora.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), el Centro Nacional de Leyes Migratorias y el despacho de abogados Morrison and Forester pidieron la declaratoria de desacato en enero, tras darse cuenta un mes antes de que los archivos estaban defectuosos y no podían abrirse.

La demanda presentada originalmente en 2015 acusa que el Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, que comprende la mayor parte de Arizona, retiene a los inmigrantes en celdas extremadamente sucias y frías.

Los inmigrantes y activistas se refieren a esas celdas como "hieleras".

En su fallo, Bury dijo que el Sector Tucson parecía saber "de manera flagrante" del daño en los archivos de video, pero no informó del problema al tribunal ni a la parte acusadora.

El juez negó la solicitud de los demandantes para designar a un tercero para trabajar con la Patrulla Fronteriza en la producción de videos, pero obligó a que la agencia entregue una lista de los archivos faltantes en menos de una semana. El gobierno también tendrá que pagar por los gastos de la parte acusadora en materia técnica para revisar e intentar recuperar los archivos de video dañados.

"Es un buen resultado para nosotros", dijo Nora Preciado, abogada el Centro Nacional de Leyes Migratorias. "La corte reconoce que este es un problema generalizado en lo referente a la incapacidad para preservar evidencia".

El más reciente fallo se da luego de casi dos años de acciones en contra del Sector Tucson.

En 2015, Bury también sancionó a la Patrulla Fronteriza por la destrucción de evidencia en video, al indicar que la decisión de la agencia fue "negligente, en el mejor de los casos, y sin duda intencional".

A finales de 2016 emitió una orden preliminar en la que obligaba a la agencia a brindar colchonetas limpias y cobertores delgados a los inmigrantes retenidos por más de 12 horas y permitirles asearse. Se prevé que la Patrulla Fronteriza apele la decisión.

Preciado dijo que la agencia se ha apegado a algunos de esos requerimientos, pero no a todos. Afirmó que grupos de defensa consideran una apelación.

La Patrulla Fronteriza no comenta en casos abiertos, pero ha defendido sus prácticas y dijo estar comprometida con la seguridad y bienestar de los detenidos.

La agencia dijo que les proporciona a los inmigrantes detenidos los elementos para sus necesidades básicas de acuerdo a sus propias políticas, y los agentes brindan atención médica, calor, saneamiento, alimentación y agua, y permite dormir a los detenidos.

Durante meses, el gobierno luchó por evitar que se revelaran imágenes tomadas de las cámaras de seguridad en los centros de detención en Arizona.

Eventualmente las fotografías se hicieron públicas, y se veía en ellas a hombres hacinados bajo un delgado cobertor térmico y a una mujer utilizando el sucio suelo de concreto para cambiar los pañales de su bebé. Las imágenes también revelaron baños sucios, papel de baño sucio en el piso y bebederos en mal estado.

Originalmente la demanda fue presentada a nombre de tres inmigrantes, pero ahora cuenta con estatus colectivo.

Por Terra  

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