El Gobierno federal le había dado a Arpaio plazo hasta el 17 de agosto para que entregara los documentos solicitados inicialmente 15 meses atrás.

En la demanda, interpuesta ante la corte federal en Phoenix, el Departamento de Justicia considera que la renuencia de Arpaio a cumplir con los requerimientos de los investigadores "no tiene precedentes". En concreto, se investigan las denuncias por allanamientos y confiscaciones inconstitucionales, y por el uso obligatorio del inglés en las cárceles del condado, que perjudica a quienes tienen pocos conocimientos de ese idioma. Arpaio ha continuado sus redadas regulares para la detención de inmigrantes indocumentados aún después de que una juez federal ordenó la suspensión de cláusulas de la famosa ley promulgada en Arizona en abril, y que convierte en delito la presencia en ese Estado de inmigrantes indocumentados. La oficina de Arpaio ha indicado que no ha entregado otra documentación porque las autoridades federales no han explicado, específicamente, qué es lo que investigan.

El Departamento de Justicia inició otra querella contra el sistema de escuelas universitarias en Maricopa acusándolas de prácticas discriminatorias en la contratación de empleados.