Actualmente, cuando una persona es trasladada a la Cárcel del Condado, un empleado de la oficina del alguacil le pregunta si es ciudadano estadounidense o de que país es originario y si se encuentra ilegalmente en el país, dándole la oportunidad e comunicarse con su consulado para pedir asesoría.

En este sentido, aclaró que "no estamos actuando bajo perfil racial. No nos limitamos a hacer estas preguntas sólo a los hispanos. Se lo pedimos a todos los que entran a través de nuestra puerta".

Todas las semanas, Yeager compila una lista que detalla la población carcelaria indocumentada y se la entrega al oficial del ICE asignado al centro penitenciario para su revisión.

SEDE DE 287 (G)

Ante el incremento de personas indocumentadas, Yeager quiere que Coweta comience a aplicar el acuerdo 287 (g) con el ICE que permite a los funcionarios designados realizar la ejecución de leyes de inmigración bajo la supervisión de un agente federal asignado a la comunidad.

Sin embargo, dicho acuerdo se aplica en relación a la población indocumentada existente en el condado, lo cual preocupa a Yeager pues en Coweta dicho número es bajo.

Al respecto comentó que "el programa proporciona una forma de control, de conseguir que las personas aquí ilegalmente sean detenidas y deportadas. Hemos estado preguntando acerca de este programa desde hace años una docena de veces. Nos habría gustado ser uno de los condados pioneros en Georgia bajo la 287 (g) programa. Aún estamos mirando. Si llegábamos a la designación queda por ver".

Por ello, en su defecto, el alguacil tiene en mente otros programas como Comunidades Seguras o el Programa de Extranjeros Criminales (PAC) que permiten detener y deportar a los criminales indocumentados, por lo que planea aprovechar todas las vías disponibles. "El gobierno federal tiene que hacer esto, pero como ellos no quieren hacer nada, los estados y las comunidades son las que están tomando el asunto en sus propias manos", concluyo.