En una carta enviada a la oficina de Arpaio el pasado 3 de agosto, el fiscal general adjunto Thomas E. Pérez fijó un plazo hasta el martes para que el alguacil cooperase con las investigaciones iniciadas en marzo de 2009, en particular con la entrega de documentos. Las investigaciones de la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia responden a las denuncias de grupos de derechos civiles y defensores de los derechos de inmigrantes, y otros representantes del condado de Maricopa. Según esas denuncias, la oficina de Arpaio enfoca sus redadas y operaciones en contra de la delincuencia en los residentes hispanos del Condado de Maricopa, en lo que supone una práctica discriminatoria.

En paralelo al Departamento de Justicia, un jurado federal de investigación en Phoenix también estudia si Arpaio ha abusado de su poder para investigar e intimidar a sus rivales y si hubo malversación de fondos gubernamentales.

El Departamento de Justicia ha dejado entrever que, además de la demanda civil, también podría eliminar los millones de fondos federales en subvenciones que recibe el Condado de Maricopa y la oficina del alguacil, y de la que dependen 3.800 empleados. Según datos oficiales, el Condado recibió $113 millones en fondos federales el año pasado, de los cuales 3,8 millones de dólares estuvieron destinados a la oficina de Arpaio.