El fallo de la jueza Susan Bolton es una victoria para los derechos civiles en Arizona. El veredicto frenó los aspectos más duros de la ley que iban a conducir al uso del perfil racial y al hostigamiento de los latinos por la sola sospecha de parecer indocumentados.

La orden de restricción es un triunfo para el gobierno federal al ratificar la supremacía de su jurisdicción en el área migratoria, eliminando el nuevo delito estatal de no portar papeles y el que prohíbe a los indocumentados solicitar empleo.

Lo es también para las organizaciones de derechos civiles, al eliminarse la obligación para que los agentes del orden estén obligados a identificar sospechosos de ser indocumentados, evitando la posibilidad de discriminación.

Es lamentable que la magistrada no quisiera considerar la ley como un todo. En cambio ella tomó las diferentes cláusulas de manera individual, separándolas arbitrariamente en tres grupos, como los puntos no cuestionados por los demandantes y los que tienen más y los menos posibilidades de ser ratificados en una instancia judicial superior.

La complicación surge porque la jueza dejó entrar en vigencia específicamente 12 aspectos de la ley SB1070 por creer que son meritorias, y por no haber argumentos en su contra. La acción deja en pie un rompecabezas legal donde faltan piezas vitales para su comprensión. Les queda a las autoridades del orden la responsabilidad de dilucidar cómo se implementará lo permitido. Hay que estar atento a este proceso confuso.

Los latinos de Arizona pueden respirar aliviados por ahora. La nueva amenaza de ser sospechoso por ser latino y ser un delincuente por no llevar papeles está en el congelador mientras sigue un camino de apelaciones legales.  Esta es un triunfo importante, una señal que debe invitar a la reflexión a otros estados y localidades que contemplan implementar medidas similares a las de Arizona.