La política de la administración Obama en cuanto a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados es una gran decepción. El ejemplo más claro de ello son las contradicciones que existe entre las palabras oficiales de los funcionarios de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la estrategia seguida puertas adentro.

James Chaparro, jefe de operaciones de arresto y detención de ICE, es el responsable de poner presión sobre los agentes de inmigración para que cumplan con la meta de la agencia de 400,000 deportados al año. La imposición de una meta numérica fija una política cuantitativa en vez de cualitativa, yendo en contra de la estrategia oficial delineada por la administración.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) estableció que su prioridad es la captura y deportación de delincuentes indocumentados. El memo interno de Chaparro indica que la meta de expulsar a 150,000 de estos está cerca, pero reclama que se está muy por debajo de los 400,000 deportados anuales. Esta indicación, a los empleados de ICE, no significa una política de comunidades seguras, tal como se la describe, sino la meta de cumplir una cifra, según la opinión del sindicato que representa a los agentes.

Esto significa que, llegado el momento, es más importante cumplir con la cuota arrestando a cualquier indocumentado que solo hacerlo con los peligrosos y los delincuentes. Por eso en la actual administración demócrata hay más deportaciones y separaciones de familias que en la anterior administración Bush.

Un portavoz de DHS discrepó parcialmente con el memo de Chaparro, aunque dejó en pie la parte que establece las cuotas de deportación. Incluso cuando la existencia actual de metas numéricas se contradice con lo afirmado en agosto pasado por el director de ICE , John Morton, quien aseguró que no había cuotas en su área.

Como si esto fuera poco, el Inspector General de DHS emitió un reporte crítico de la colaboración de las autoridades locales con las federales bajo el marco del programa 287 (g). El análisis básicamente dice que no se operan bajo los acuerdos establecidos y que no se corrigieron los problemas de control federal. Esta falta de supervisión permite abusos por parte de los policías locales.

Todo esto tiene un dejo de hipocresía por parte de la administración Obama, que ha sido ineficiente en promover una reforma migratoria integral, pero en cuanto a deportaciones es mucho más agresiva de lo que quiere mostrar. Los hechos hablan más que las palabras.