El Departamento de Seguridad Interna (DHS) al renovar su programa 287(g), que permite a las policías municipales investigar la situación migratoria de personas arrestadas, por lo menos es un mensaje contradictorio —si no es que echa por la borda las buenas intenciones de la Administración Obama— para la población latina.

Las críticas y protestas de las organizaciones ante tal medida muestran con oportuna claridad que en el asunto de la política migratoria, las autoridades federales no avanzan en términos favorables para los inmigrantes, es decir siguen sin aplicar regulaciones justas para este sector de la población; más bien pareciera que retroceden pues es irrebatible que a los hispanos —incluso en algunos casos aún siendo ciudadanos— gracias al 287(g) se les viene satanizando con la bandera de “indocumentados”, se les arresta por faltas menores de tránsito y muchos terminan siendo deportados sin ser, verdaderamente, criminales como los que dicen perseguir.

El resultado muestra familias destrozadas por la abrupta separación, acrecentando el miedo en los familiares que se quedan de este lado, provocando la orfandad y sus consabidas consecuencias, incrementando asimismo el odio de los grupos antiinmigrantes e incluso modificando la percepción de las policías locales enfocadas —hasta antes de este programa— en ver a todos los trabajadores inmigrantes como parte de la sociedad y no como los ven personas antiinmigrantes a través de la lente de la xenofobia.

Pero acaso lo peor es que si no se elimina pronto este programa de castigo más que de justicia, será más difícil después desarticular la creencia de que quienes son inmigrantes indocumentados son “enemigos” o son “criminales”, antes que trabajadores necesarios a los que debemos brindarles reconocimiento y una justa y honorable bienvenida.