El Departamento de Seguridad Interna tiene bajo la mira a más de mil empresas sospechosas de contratar indocumentados. La administración Obama, a través de la secretaria Janet Napolitano, habló hace unos días de la necesidad de una reforma integral para el año que viene, sin embargo en los hechos sigue implementando una política exclusiva de acciones punitivas.

Las sanciones a los empleadores que contratan indocumentados es una parte de una reforma integral, pero como tal, debe ser implementada después de otros pasos, como es una previa regularización de millones de trabajadores que no tienen papeles. De lo contrario, el impacto sobre los empleados que pierden su labor es muy similar a cuando se hacían las redadas.

También nos preocupa el efecto que tiene estas sanciones sobre las empresas a la hora de contratar personal. Hay indicios que algunos empleadores están reticentes a tomar empleados latinos e inmigrantes por temor a que sean indocumentados. Esta aplicación del perfil racial como una política laboral preventiva es un castigo injusto sobre los hispanos.

Por otra parte, es insólito que DHS promueva el uso de un logo en productos y publicidad de compañías que usan el sistema E-verify. La idea es que los consumidores premien con su compra a las empresas el uso del banco de datos federal para contratar empleados. Aunque el sistema comete errores, confunde nombres y en algunos casos ha creado dudas sobre la situación migratoria de ciudadanos estadounidenses.

Las medidas punitivas actuales quizás sirvan para crear el camino a una reforma, o quizás no. Lo cierto es que la persecución de los indocumentados continúa a través de otras maneras, pero sin atenuantes. La reforma migratoria integral es el marco para establecer e implementar las sanciones empleadores, sin ella es solo hostigamiento a los trabajadores y nada más.